El régimen cubano negó este lunes la visita conyugal al líder opositor José Daniel Ferrer en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, denunció su esposa, la doctora Nelva Ortega, en declaraciones a Martí Noticias.
“Me tocaba la visita matrimonial. Me tuvieron esperando un buen tiempo y cuando me hicieron pasar con todas las cosas, el jefe del colectivo, que se presenta como capitán Liván, me negó nuevamente el derecho de estar con mi esposo”, relató Ortega. “La vez anterior nos negaron la visita familiar con mi hijo, y ahora también la reglamentaria conyugal, supuestamente, porque él no quiere ponerse el uniforme de preso común”.
La doctora alertó sobre el deterioro de la situación de Ferrer dentro del penal, donde —según denunció— se encuentra en condiciones “inhumanas, crueles y degradantes”, rodeado de presos comunes que, sospecha, podrían ser en realidad agentes encubiertos de la Seguridad del Estado.
“Me dijeron en una de las amenazas: 'Si los presos le golpean, no digan que son los oficiales'. Son oficiales vestidos de presos. A mi esposo puede pasarle cualquier cosa, sigue corriendo peligro, ahora más que nunca, en ese centro de terror”, afirmó.
El 29 de abril pasado, las autoridades cubanas revocaron la libertad condicional a Ferrer, según argumentaron, por no asistir a dos audiencias judiciales obligatorias.
La esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) también denunció la confiscación de su teléfono móvil y su carnet de identidad durante el operativo policial del 29 de abril, que culminó con la detención de Ferrer en su vivienda. “No me han entregado ni el carnet de identidad ni el teléfono. Si apareciera alguna imagen de que se le dio derecho a llamada telefónica y que nosotros no respondimos, no es cierto. Ellos tienen mi teléfono con la línea activa”, explicó.
Tras su excarcelación en enero de este año, como parte d euna negociación del régimen con el Vaticano, Ferrer y su esposa reiniciaron un proyecto comunitario en la sede de la UNPACU, en el reparto Altamira d ela capital santiaguera, donde ofrecían alimentos y atención médica primaria a cientos de personas vulnerables. Desde el principio, esta iniciativa fue objeto de represión por parte de las autoridades, que desplegaron vigilancia, realizaron detenciones y lanzaron amenazas contra quienes acudían en busca de ayuda.
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